Investiga FGEO robo y daños a comunidad cristiana en la Cuenca
Redacción.
Personal de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca del Papaloapan inició las carpetas de investigación tras las agresiones a una familia que fue despojada de sus predios, quemadas sus propiedades y lanzadas de la comunidad de San Isidro Arenal, en San Juan Lalana; en tanto, tras varios días del problema, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca apenas emitió la medida cautelar 19/2024.
La dependencia, a través de un comunicado precisó que, ante probables violaciones a la dignidad, la libertad física y del culto, a la integridad y seguridad personal emitió la medida cautelar para las personas que profesan una religión distinta a la católica.
Por ello, afuera del Auditorio Guelaguetza en el Cerro del Fortín, integrantes de la religión cristiana evangélica protestaron ante la negligencia de las autoridades para atender el problema y poner en riesgo la integridad de las personas.
El problema se recrudeció el pasado seis de agosto, cuando los habitantes de San Isidro Arenal incendiaron el templo de los cristianos evangélicos en Cerro Cajón para obligarlos a abandonar la comunidad.
Pero diez días después, el 16 de agosto, cuatro pastores fueron golpeados, desnudados, paseados por el pueblo y encarcelados, a pesar de las denuncias ante la autoridad.
Se trata de los pastores Moisés Sarmiento Alavés, Esdras Ojeda Jiménez, Pablo Gómez Sosa y Nabor Ojeda que llegaron a brindar ayuda a los cristianos afectados. Las cuatro personas fueron golpeadas, obligadas a caminar desnudas y encarceladas por seis horas.
Los abusos por parte de la autoridad municipal y pobladores se intensificó el 21 de agosto, cuando otras viviendas fueron destruidas y tres mujeres fueron privadas de su libertad, para posteriormente ser expulsadas de su comunidad.
La autoridad de la agencia municipal de San Isidro Arenal indica que tienen un acuerdo del dos de octubre del 1993 que establece que en la comunidad únicamente se puede profesar la religión católica, con el objetivo de preservar sus tradiciones y evitar divisiones.
La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó pleno conocimiento del caso y se comprometió a realizar las investigaciones correspondientes y establecer la paz y seguridad para evitar posibles situaciones de riesgo en agravio de la población evangélica.
A pesar de las convocatorias a reuniones, los representantes de la agencia municipal se han negado, en tanto en la Fiscalía siguen las investigaciones por diverso delitos, entre ellos el robo de ganado y saqueo de las viviendas, así como los daños.
