Acusan a Surian Vega Arroyo, ex síndica municipal, de desaparecer poderes en Tamazulápam
Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de marzo de 2024.- Luego de la suspensión del ayuntamiento de Tamazulápam del Progreso por ingobernabilidad en este municipio de la región de la Mixteca, la exsíndico, Surian Vega Arroyo, acusó al Congreso de Oaxaca de presuntamente violar la ley para iniciar el procedimiento de desaparición de poderes.
Sin embargo, fue difundida copia del acta de sesión extraordinaria de Cabildo del 13 de enero del año 2024, donde la entonces síndico Surian Vega Arroyo fue una de las cuatro integrantes de Cabildo que firmó para la destitución del presidente municipal, Ramiro Quiroz Salcedo, con quien mantienen un conflicto interno; para posteriormente, iniciar el proceso de desaparición de poderes o revocación de mandato ante el Congreso de Oaxaca.
Aunque en conferencia de prensa de este viernes, Vega Arroyo negó que haya firmado algún documento, el acta de sesión de Cabildo exhibe lo contrario.
De acuerdo con el documento de la sesión extraordinaria de Cabildo del 13 de enero del presente año, Vega Arroyo firmó para la destitución del entonces presidente municipal, Ramiro Quiroz Salcedo, y también para la remoción de los concejales Antonia Maribel Reyes y Hugo Quiroz Maldonado.
El 16 de enero de 2024, Vega Arroyo junto con un grupo de autoridades locales en reunión con diputados en el Congreso de Oaxaca, acusó al edil de presuntas irregularidades en su administración.
En ese encuentro, las autoridades municipales y habitantes de ese municipio de la región de la Mixteca denunciaron un presunto desvío de recursos y la falsificación de firmas en documentos oficiales, por lo que pidieron la desaparición de poderes o en su caso, la revocación de mandato del presidente municipal, Ramiro Quiroz Salcedo.
En el documento firmado también por Surian Vega Arroyo, ella y las demás autoridades municipales presentes, manifestaron su interés de iniciar legalmente ante el Congreso de Oaxaca la solicitud de desaparición de poderes, bajo el principio de legalidad y debido proceso.
